El discurso del odio

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Existen. Están en las redes sociales. No sé si necesitan sociólogos de guardia, psicólogos, psiquiatras, que cierren sus cuentas, que las personas amenazadas los denuncien, que actúe la Fiscalía… o todo a la vez. Lo único cierto es que están en las redes sociales y, si somos pesimistas (no lo olvidéis: un pesimista es un optimista con experiencia) parece que se van a quedar.

¿Les hacemos caso? ¿Les damos publicidad? ¿Les denunciamos pero tapando el perfil para no darles publicidad? Lo siento, no tengo la respuesta correcta.

Durante estos años he intentado responder con humor e ironía. He puesto sobre este pequeño espacio público una situación: día a día ese maravilloso invento que son las redes sociales, que nos permiten compartir ideas y exponer opiniones que van más allá del relato oficial, se llenan de odio. El discurso del odio ha llegado a diferentes parlamentos, gobiernos, tribunales e, incluso, a la Unión Europea. Por ejemplo, hace diez años la Unión Europea adoptó un acuerdo marco que obligaba a los Estados miembros a promulgar leyes que declarasen delito la negación del Holocausto, así como otras variantes del discurso del odio que denigrasen a personas o colectivos o se mofasen de ellos. A pesar de todo, un problema fundamental de las leyes contra la incitación al odio es que no parece existir una definición clara de la misma.

United Again Racism nos ofrece la siguiente:

El discurso del odio pretende degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a una raza, género, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, lengua, opiniones políticas o morales, estatus socioeconómico, ocupación o apariencia (como el peso o el color de pelo), capacidad mental y cualquier otra elemento de consideración. El concepto se refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, en soporte visual en los medios de comunicación, o internet, u otros medios de difusión social.

En el otro lado están los que enarbolan el derecho a la libertad de expresión como el mayor de los derechos, como si el resto de derechos estuviesen supeditados a éste. Pero también está el Código Penal porque amenazar no forma parte de este indiscutible pero limitado derecho:

Artículo 171

1. Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. Si el culpable hubiere conseguido su propósito se le impondrá la pena en su mitad superior.

Artículo 510

1. Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses:

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.

Leamos también lo que dice United Again Racism sobre la sociedad civil:

Quizás en aquellos países europeos donde existe una sociedad civil fuerte, es viable arrinconar el discurso racista, sin recurrir en demasía a la ley. Pero debemos subrayar que en las nuevas democracias, donde la sociedad civil no es lo suficientemente fuerte como para hacer frente al discurso del odio debe tener el apoyo del Estado. De hecho, en algunos casos, son elementos de la sociedad civil quienes promueven el discurso del odio.

Una sociedad civil fuerte, entre otras cosas, es aquella que no ha dimitido de sus valores pedagógicos, la que cree firmemente en la diversidad, en la pluralidad cultural y lingüística, la que es acogedora, la que no ve al extranjero como una amenaza potencial, la que fomenta la igualdad, la que potencia las estrategias colaborativas muy por encima de las competitivas, la que solamente a través de la acción pacífica elabora marcos libres de violencia en la resolución de conflictos, la que crea ordenamientos jurídicos para garantizar libertades individuales y colectivas y no para convertir la ley en una cárcel ideológica y también, por qué no decirlo, la que tiene suficiente autoestima como para dar respuesta a través de la ironía y el humor.

Hoy he publicado un tuit sin difuminar su perfil. La amenaza es lo suficientemente grave como para saltarme mi propia norma. Ya sabéis: denuncio ideas, no personas. Porque hoy es él, mañana será otro y, pasado mañana, este otro creará otra cuenta. En todo caso, Twitter propone herramientas como el silencio, el bloqueo o la denuncia. Desde mi muy humilde espacio lo que propongo es reflexión. Somos nosotros, como sociedad civil, quienes debemos tener las ideas claras: sí a la paz, sí a la convivencia, sí a la diversidad, sí al respeto, sí a la igualdad, sí a hablar o escribir en la lengua que queramos, sí a defender nuestro origen, sí a decir lo que pensamos, sí al derecho a equivocarnos, sí a las segundas oportunidades, sí al humor, sí a la ironía y sí a escuchar o a leer a quien queramos. Al final, el gran derecho es que estos indeseables nos dejen en paz y canalicen sus frustraciones de otra manera. Si no saben vivir en NUESTRA sociedad, quizás les debamos enseñar. El qué está claro. El cómo ya es más complicado de establecer. El blog Societat Anònima es un espacio de humor. Es mi humilde “cómo”. Este tuit, sin embargo, no me ha hecho la más mínima gracia. 

Àlex_Ribes

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